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La Cámara de Representantes de Misiones analiza un proyecto de ley orientado a proteger a los consumidores financieros frente al sobreendeudamiento generado por el uso sostenido de tarjetas de crédito, especialmente cuando el usuario queda atrapado en la modalidad de pagar solo el mínimo mensual.
La iniciativa plantea mecanismos de prevención, transparencia y alivio para quienes destinan una parte significativa y persistente de sus ingresos al pago de deudas financieras. El texto define al sobreendeudamiento como una situación en la que el consumidor compromete de manera constante una proporción importante de sus ingresos para afrontar obligaciones crediticias.
Uno de los puntos centrales del proyecto es el deber de advertencia preventiva. Según la propuesta, las entidades financieras deberán notificar al usuario cuando haya abonado únicamente el pago mínimo durante tres meses consecutivos. Esa advertencia deberá incluir simulaciones comparativas y explicaciones claras sobre el impacto de continuar con esa modalidad. La omisión de esta obligación será considerada una infracción grave.
El proyecto también establece la creación de un plan de alivio, mediante el cual las entidades deberán ofrecer alternativas de refinanciación con condiciones más favorables que el financiamiento habitual por saldo de tarjeta. Además, dispone que la tasa aplicada no podrá superar el promedio de préstamos personales equivalentes y prohíbe la capitalización de intereses punitorios.
En sus fundamentos, la iniciativa advierte sobre una problemática “creciente y silenciosa” en la provincia: la consolidación de un esquema de endeudamiento crónico, atravesado por la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y la bancarización de los salarios, con especial impacto en trabajadores del sector público y familias que utilizan la tarjeta como mecanismo de supervivencia financiera.
El texto apunta directamente a lo que denomina la “trampa del pago mínimo”: una dinámica en la que el capital se amortiza lentamente, los intereses se acumulan y los plazos de cancelación se vuelven prácticamente indefinidos. Frente a esa situación, se propone una mayor intervención estatal, no para reemplazar la regulación financiera nacional, sino desde la competencia provincial en materia de defensa del consumidor.
La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Acción Cooperativa, que tendría facultades de fiscalización y requerimiento de información. Además, el Poder Ejecutivo debería desarrollar una plataforma de educación financiera digital, con simuladores interactivos y comparadores de Costo Financiero Total, para que los usuarios puedan comprender mejor el peso real de sus deudas.
El proyecto también invita a los municipios a adherir y declara la norma de orden público. En términos sociales, sus autores sostienen que el sobreendeudamiento no solo golpea el bolsillo de los trabajadores, sino que también reduce el consumo, aumenta la vulnerabilidad económica y transforma el crédito en una carga permanente.
De aprobarse, la ley buscará poner límites a una práctica extendida: financiar el día a día con tarjeta de crédito sin información suficiente sobre el costo real de esa decisión. La propuesta intenta que el consumidor deje de enfrentar solo una ingeniería financiera muchas veces difícil de comprender y que las entidades tengan mayores obligaciones de advertencia, transparencia y acompañamiento.
