El peligroso poder de Evo Morales en la Argentina

Hay un país que sangra hacia la Argentina.

Es sangre cocainizada.

Javier Milei cree que aliados argentinos de Evo Morales están activos y pretenden derrocarlo.

Lo dice explícitamente puertas adentro de su despacho.

Lo sugiere en público.

Bolivia no atraviesa solo una crisis política. Evo Morales está defendiendo con armas un negocio descomunal: el narco que decidió la insurgencia masiva. Ese ilícito a gran escala empieza en El Chapare, donde se esconde blindado Evo, y sigue en la Argentina, donde el señor de la coca recibió loas, protección y asilo, custodiado por operadores activos hoy y beligerantes con la democracia.

El kirchnerismo llamó «hermano» al jefe de un cartel disfrazado de líder indigenista.

Según fuentes oficiosas y de alto nivel en Argentina, Evo Morales habría vivido en una casa que le gestionó en las sombras un personaje presuntamente vinculado a la Rusia de Putin, a Irán y en su momento a la Venezuela madurista.

Lo que se ve en La Paz —los bloqueos, los gases, las turbas organizadas, el desabastecimiento como método— no es solo la furia lógica, en un punto, de un pueblo que efectivamente está pauperizado. Es la reacción coordinada y apresurada de una estructura narco-feudal.

El debilitado presidente Rodrigo Paz lo nombró con palabras inequívocas en su entrevista con Clarín: el Trópico de Cochabamba, feudo personal de Evo Morales, es hoy «una de las regiones más importantes de generación de narcotráfico en Sudamérica».

La hipótesis es desagradable; para algunos es discutible. Sin embargo, explica en buena medida lo que está pasando.

Bolivia se transformó durante dos décadas en un Estado con un narco-estado tutelar adentro: un dispositivo donde la producción de cocaína dejó de ser un delito perseguido para volverse el sistema operativo de la política. El cocalero pasó a ser soberano. El sindicato se transformó en partido. El partido tomó al Estado. Y el Estado tomado, con el método castro-chavista que Evo importó como técnica de poder, organizó la impunidad.

Hoy Evo maneja sin ninguna legitimidad electoral, otra vez, un Estado dentro del Estado.

Cuando se reabrieron los canales de inteligencia con la DEA, y se empezó a tocar la zona opaca donde la coca se vuelve pasta y la pasta en divisas, el narcoestado —ahora clandestino desde que Evo dejó el poder formal— mostró los dientes. La protesta social arraiga en un malestar comprensible, pero azuzado por la lucha de un cartel en armas.

Evo Morales está refugiado en el Chapare. Pesa sobre él una orden de captura vigente por trata de personas agravada y estupro: la causa que investiga la relación que habría mantenido con una menor de edad mientras ejercía la presidencia, y de la que habría nacido una hija. Declarado en rebeldía, está rodeado en su búnker selvático por milicias afines que impiden a la policía boliviana entrar a buscarlo. Un ex presidente convertido en señor feudal de un territorio nacional, protegido por su propia tropa, dictando desde la selva el ritmo de los bloqueos.

El neofeudalismo del narco. La sustitución de la soberanía estatal por la soberanía movilizada del señor de la coca.

La cadena narco no termina en el Chapare. Empieza ahí. La cocaína boliviana se refina en los laboratorios alrededor de Santa Cruz de la Sierra y desde ese epicentro abre rutas argentinas.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito documenta que, desde Bolivia, el tráfico hacia el Atlántico avanza por dos rutas principales: hacia el este a través de Brasil, y hacia el sur por la llamada ruta del Cono Sur, que descarga en los puertos del Río de la Plata mediante una combinación de conexiones terrestres, aéreas y marítimas.

La droga baja por Salta y Jujuy, cruza por la Ruta 34 o se interna por caminos de tierra y ripio, pasadizos sin control de Gendarmería que conectan la frontera salteña con Santiago del Estero.

Allí los datos son contundentes: solo en 2025, los operativos sobre las rutas 34 y 16 decomisaron cargamentos de cientos de kilos ocultos en neumáticos y tableros. Sobre la ruta 16, en Santiago del Estero, fue detenido incluso un médico comandante de Gendarmería en actividad que llevaba cocaína en una mochila junto a su credencial oficial.

El analista Douglas Farah (IBI Consultants) describió a la provincia como un centro de convergencia criminal: una plataforma logística ideal por su geografía plana, su baja densidad poblacional, sus radares intermitentes y un sistema político que concentra el poder en pocas manos.

Desde ese nodo la droga enfila hacia Rosario y hacia los contenedores del puerto. Hay otro nodo en la Triple Frontera, ese trapecio entre Puerto Iguazú, Foz do Iguaçú y Ciudad del Este que es epicentro de la cocaína sudamericana hacia Europa. Allí las redes locales no operan solas: están asociadas a familias de origen medio-oriental vinculadas a Hezbollah.

En paralelo existe la ruta del Pacífico. Parte de la cocaína andina —boliviana y peruana— cruza hacia los puertos chilenos, San Antonio sobre todo, identificados como nueva cabecera marítima del polvo blanco rumbo al Asia codiciada por los carteles.

Y Uruguay, casi imperceptiblemente, abrió sus puertas al tráfico y al lavado.

Dos grandes corredores, una misma cocaína, un mismo origen feudal. Y la Argentina en el medio: como pasillo, como bodega, como camino. En el medio, el dinero se lava en mil pantallas.

¿El fútbol es una?

Cuando en noviembre de 2019 Evo huyó de Bolivia, Alberto Fernández —entonces presidente electo— lo recibió en la Argentina como héroe perseguido. Evo trató a Alberto como «un hermano». Fernández le dio refugio, plataforma política y el salvoconducto que permitió la evacuación de su núcleo familiar. Cristina Fernández de Kirchner hizo lo mismo a su manera: declamación bolivariana, encuadramiento ideológico, blindaje retórico. Evo no fue un asilado. Fue un activo geopolítico mimado por un gobierno argentino que prefirió no preguntar de dónde venía la cocaína que cruzaba la frontera en camiones y en aviones, ni de dónde venía el dinero de los militantes de los ‘movimientos sociales’ que su huésped distinguido lideraba

La crisis boliviana no es sólo un asunto boliviano. Es un problema de seguridad nacional argentino. La frontera norte —Salta, Jujuy, Formosa— es una membrana agujereada por la que entra cocaína y dinero.

Todo se conecta. La masacre del 7 de octubre y el rebrote del antisemitismo argentino no son ajenos a esta trama. El mismo aparato que financia a Hezbollah con el narconegocio de la cocaína es el aparato que celebró el pogrom de Hamás. El mismo eje Teherán-Caracas-Triple Frontera, la red que sostuvo políticamente a Evo, es el eje que lanzó sus explosivas garras sobre la AMIA.

La memoria no es un ejercicio literario, es una herramienta operativa.

Olvidar quién protegió a quién es renunciar a entender por qué la cocaína entra por Aguas Blancas y por Salvador Mazza, y por qué sendas molotov impactaron contra la sinagoga Beit Jabad y contra la Biblioteca Max Nordau en La Plata, hace apenas semanas.

La crisis boliviana no es una postal exótica del país vecino. Es un tentáculo con terminales en Argentina, en Uruguay y en Chile.

Mientras tanto, en el Chapare, el señor feudal espera y golpea.

Y confía en sus amigos argentinos.