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La Corte Suprema de Justicia tiene sus manos dos decisiones clave para el presidente Javier Milei: la judicialización que impulsó el Gobierno para no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y otra de relevancia económica, que es la demanda que diversas provincias iniciaron en contra del Estado Nacional ante el recorte de transferencias directas bajo la premisa del “déficit cero”.
Desde el gobierno libertario, el Ministro de Justicia reiteró la semana pasada que no está en la agenda del Jefe de Estado la cobertura de los dos sillones vacíos que hay en la Corte. Algunos en la Casa Rosada interpretaron en esa decisión la emisión de un mensaje hacia el máximo tribunal que tiene en sus manos dos resoluciones determinantes para las finanzas públicas.
Dentro del Palacio de calle Talcahuano admiten que se está en un estado primigenio de estudio y que “no hay plazos” para resolver la discusión en torno al amparo colectivo iniciado para declarar la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, que había dispuesto que la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (27.795) solo podía ser ejecutada por el Poder Ejecutivo Nacional “una vez que se determinarán las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyeran las partidas correspondientes en el presupuesto general”.
Ante la judicialización del caso, se dictó una medida cautelar que dispuso la suspensión de esa norma.
El pedido explícito es que se le exija al Gobierno Nacional el cumplimiento de la ley sancionada por el Congreso de la Nación y en consecuencia, la “provisión de los fondos necesarios y el dictado de las normas que se requirieran a ese fin”.
Mientras se realizan masivas marchas universitarias, el Estado Nacional continúa reclamando que esa Ley sea declarada como inconstitucional. La palabra final la tendrá la Corte Suprema.
El caso tiene un laberíntico recorrido judicial. El juez del fuero Contencioso Administrativo Martín Cormick hizo lugar al reclamo del Estado Nacional, y consideró que era de carácter inaplicable la Ley de Financiamiento Universitario. En su fallo, resolvió que la medida tendrá vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva.
Los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), apelaron la decisión del juez Cormick, que suspendió la ejecución de la medida cautelar presentada por las universidades y que obligaba al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con el financiamiento universitario. Ese fallo obtuvo la confirmación de la Cámara de Apelaciones del fuero, y en consecuencia todo derivó en un reclamo ante la Corte Suprema.
Respecto a la gravitación económica de la medida, la Oficina de Presupuesto del Congreso elaboró un informe que consigna que tendría un impacto fiscal del 0,23% del PBI, algo que el CIN calificó de “un ahorro poco significativo” y a la vez había ponderado la posible “vulneración al derecho a aprender y enseñar”
Las universidades buscan una declaración de inconstitucionalidad del decreto 759/2025 y el cumplimiento inmediato de la ley 27.795, que incluye la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de universidades públicas desde el 1º de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley y la recomposición de todos los programas de becas del estudiantado.
¿Cuáles son los números en discusión? El Estado afirma que el costo de implementación se “había estimado en el proyecto de ley –que luego de convirtió en la ley 27.795- en aproximadamente $ 1.069.644.600.000 pesos para el ejercicio presupuestario de 2025, sin incluir los costos para el ejercicio de 2026”.
Mientras que a la fecha de ese informe el total de las disponibilidades de crédito para gastos primarios del Estado Nacional, “sustrayendo los rubros no sujetos a alteración por la ley, alcanzaba la suma de $1.184.131.282.846. Por lo tanto, la implementación de la ley requeriría reasignar el 90.30% de la totalidad de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento puro y exclusivo de esa sola ley”.
Agregó el Gobierno que en el mencionado Mensaje 63/25 se informó un superávit de 6.769.790,5 millones de pesos y un resultado financiero positivo de 2.437.592,4 millones, y que si a esos números se le resta el gasto que demanda la ley, habría un resultado negativo de $ -1.184.122.075.463, por lo que se destruye el equilibrio fiscal.
Según informó la ACIJ, las universidades nacionales “atraviesan una reducción presupuestaria de magnitud excepcional desde el retorno de la democracia. Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto cayó un 29%, alcanzando el nivel más bajo desde 2006”.
En términos per cápita, se consignó, “el financiamiento por estudiante se redujo a 2,4 millones de pesos, el valor más bajo al menos desde 2004. Asimismo, en marzo de 2026, el salario de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva se ubicaba un 25% por debajo del nivel registrado tres años antes”.
La Coparticipación
Otro tema de inquietud para la Casa Rosada y que se encuentra también en manos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, es el reclamo que varios gobernadores llevaron ante esta instancia tras el recorte de fondos directos vinculados a la Coparticipación Federal bajo la premisa del “déficit cero”.
Un fallo a favor de las provincias, como sostienen fuentes oficiales, implicaría una erogación financiera por demás importante para el Gobierno.
La Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema es la responsable de receptar estos reclamos, impulsados por una gran cantidad de provincias para exigir que sea el máximo tribunal el que dé marcha atrás al “recorte de transferencias, la quita de subsidios o la modificación unilateral de los impuestos coparticipables”.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires llegó ante la Corte con diversas demandas contra la gestión de Javier Milei: reclama el fondo de Fortalecimiento Fiscal, exigiendo que se declare la inconstitucionalidad de su eliminación por decreto, y en consecuencia, que se proceda a la devolución de las partidas afectadas.
También interpuso un reclamo que supera el billón de pesos, acusando a la Nación de cambiar unilateralmente el mecanismo de actualización de recursos en base a estimaciones presupuestarias en lugar de la inflación real.
Una de las primeras provincias en abrir el frente judicial y llegar ante el máximo tribunal fue Chubut, y entre sus múltiples reclamos está la retención de Coparticipación. Sostuvo que la Nación retuvo fondos luego de que el Ministerio de Economía le retuviera fondos coparticipables directos para cobrarse deudas previas del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Otros gobernadores también esperan una resolución del máximo tribunal en igual sentido: Sergio Ziliotto (La Pampa), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
No sólo la Coparticipación, sino también el financiamiento de las cajas previsionales es parte de los reclamos de más provincias.