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Mientras Nación se retira de Misiones, los subsidios siguen encontrando destino en Buenos Aires. Passalacqua asume responsabilidades ajenas y reordena el poder provincial. Cambian los gobiernos, los discursos y las promesas de federalismo. El ajuste es nacional, pero los privilegios siguen teniendo domicilio porteño.
Por Sergio Fernández
En El puente sobre el río Kwai, la película de David Lean, un coronel británico termina obsesionado con construir una obra que originalmente debía beneficiar a sus enemigos. La disciplina, el orgullo profesional y la necesidad de demostrar autoridad lo llevan a perder de vista para quién trabaja. La historia transcurre durante la Segunda Guerra Mundial, pero plantea una contradicción que conserva actualidad: cumplir una tarea puede convertirse en una cuestión de prestigio, incluso cuando las responsabilidades y los intereses de quienes participan no coinciden. En Misiones, naturalmente, nadie está construyendo un puente para un ejército enemigo. Sin embargo, la decisión de avanzar con una obra que corresponde al Gobierno nacional permite observar una discusión sobre las obligaciones del Estado, los límites de la autonomía provincial y el costo de hacerse cargo de aquello que otros dejan pendiente.
La apertura de sobres para la repavimentación y ampliación de unos 50 kilómetros de la Ruta Nacional 14, entre Leandro N. Alem, Oberá y Campo Viera, representa algo más que el comienzo de un procedimiento administrativo. Es una intervención largamente reclamada en una de las regiones productivas más importantes de Misiones, donde el tránsito pesado comparte diariamente una infraestructura que necesita mejoras. El proyecto contempla terceras trochas, carriles de adelantamiento y trabajos de seguridad vial, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) gestionado por la Provincia. Si se cumplen los plazos previstos, la ejecución demandará unos dos años.
El gobernador, Hugo Passalacqua, resumió la situación con una frase que probablemente explique mejor el problema que cualquier presentación técnica: “la obra correspondía a la Nación, pero la hará Misiones”. La definición puede interpretarse como una muestra de iniciativa política, aunque también deja al descubierto una situación que merece una discusión más profunda. Cuando una provincia debe gestionar financiamiento para intervenir una ruta nacional, la pregunta no debería limitarse a quién consigue inaugurar la obra. También corresponde establecer por qué una responsabilidad federal termina dependiendo de la capacidad de endeudamiento y administración de un gobierno provincial.
El retiro del Estado nacional de determinadas áreas de inversión produce consecuencias que no desaparecen porque los presupuestos exhiban mejores resultados. Las rutas siguen deteriorándose, los vehículos continúan circulando y las empresas necesitan trasladar su producción. Una decisión fiscal puede reducir una partida de gastos en Buenos Aires, pero no necesariamente elimina el costo económico que esa infraestructura deficiente provoca en el interior. En ocasiones, simplemente lo traslada a otra jurisdicción, a las empresas o a los ciudadanos.
La contradicción se vuelve más evidente cuando se observa lo que ocurre con el transporte público. Mientras el Gobierno nacional reduce su participación en obras y servicios del interior, esta semana decidió aumentar los subsidios a los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires. El argumento es evitar que una nueva suba del boleto presione sobre la inflación. Una preocupación atendible, aunque resulta curioso que la sensibilidad oficial frente al bolsillo de los pasajeros parezca tener una geografía tan particular. En el interior, donde la Nación eliminó el fondo compensador del transporte, las provincias y los municipios deben encontrar sus propias respuestas.
La decisión también recupera una vieja discusión del federalismo argentino. El AMBA concentra población, actividad económica y, naturalmente, una enorme cantidad de votantes. Eso no demuestra que exista una motivación electoral detrás de cada subsidio, pero vuelve legítima la pregunta sobre los criterios utilizados para distribuir los recursos. El Gobierno que llegó prometiendo terminar con los privilegios territoriales conserva mecanismos que sus antecesores también utilizaron para sostener tarifas diferenciadas. Cambian los discursos económicos, las explicaciones técnicas y los funcionarios. Lo que todavía cuesta modificar es la costumbre de mirar el país desde Buenos Aires.
Misiones conoce ese mecanismo. La distancia respecto de los grandes centros de consumo, los costos logísticos y la necesidad de competir con mercados vecinos condicionan buena parte de su economía. Para un productor o un transportista, una ruta en malas condiciones no constituye una discusión abstracta sobre el tamaño del Estado. Significa tiempo perdido, mayores gastos de mantenimiento y riesgos que forman parte de su actividad cotidiana. La mejora de la Ruta 14 puede contribuir a reducir esos problemas, aunque su impacto dependerá de la ejecución efectiva y de la calidad de los trabajos.
La decisión provincial merece atención, pero también exige una advertencia. Que Misiones encuentre una alternativa para financiar una obra no significa que deba resignarse a reemplazar indefinidamente al Gobierno nacional. Los recursos provinciales tienen límites y las necesidades compiten entre sí. Cada compromiso asumido para resolver una obligación ajena obliga a revisar otras prioridades. La autonomía consiste en disponer de herramientas para decidir, no en aceptar silenciosamente todas las responsabilidades que otro nivel del Estado decide abandonar.
La discusión aparece justo cuando Passalacqua procura consolidar una conducción propia dentro de una estructura política que atraviesa su transformación más importante en años. La pérdida de centralidad de Carlos Rovira y el reacomodamiento de dirigentes vinculados con la antigua conducción renovadora modificaron relaciones que parecían estables. El gobernador empezó a ejercer con mayor amplitud sus facultades políticas y administrativas, mientras distintos sectores intentan definir qué lugar ocuparán en el nuevo escenario.
Existe una relación entre ambas cuestiones que merece atención. Una provincia que reclama mayor capacidad de decisión frente al poder central también necesita preguntarse cómo distribuye las decisiones dentro de sus propias instituciones. Sería contradictorio defender la autonomía provincial frente a Buenos Aires y, al mismo tiempo, considerar natural que todos los resortes de la administración local dependan de una sola conducción política. El federalismo no puede convertirse en una exigencia hacia afuera y en una incomodidad cuando se discute hacia adentro.
La reforma que amplía las facultades del Tribunal de Cuentas sobre empresas y sociedades con participación estatal, denominada por el oficialismo como la “Ley Passalacqua de transparencia”, constituye un paso dentro de esa discusión. Su aprobación unánime a fines de octubre y la entrada en vigencia prevista para enero de 2027 abren la posibilidad de fortalecer mecanismos de fiscalización que durante años generaron cuestionamientos. El desafío será comprobar si los nuevos controles funcionan con independencia, si sus resultados llegan a conocimiento público y si las observaciones producen consecuencias cuando corresponda.
También circula en ámbitos oficiales la versión de que determinados gastos, antes resueltos dentro de distintas estructuras administrativas, ahora requieren consultas directas al gobernador. El dato, si refleja efectivamente el nuevo funcionamiento, admite una lectura menos sencilla que la presentada por algunos sectores. Recuperar el control político sobre los recursos puede resultar necesario durante una reorganización, pero concentrar decisiones en el despacho del gobernador no equivale automáticamente a construir instituciones más transparentes. El objetivo debería ser que existan reglas capaces de funcionar con independencia de quién ocupe ese despacho.
En paralelo, el rovirismo busca reorganizarse alrededor de la figura del intendente de Posadas, Leonardo Stelatto. La actividad política realizada en la Costanera (una caminata presentada como inclusiva), con Martín Cesino, Lucas Romero y Paula Franco, ahijada de Rovira, y con el acompañamiento de la estructura municipal, terminó de sellar esa identificación. Lalo ya no aparece solo como un intendente con vínculos con el antiguo esquema de conducción renovadora. Hoy seria la continuidad política de Rovira y su vía para seguir en el poder.
Stelatto tiene una trayectoria de gestión que no desaparece por sus vínculos políticos, del mismo modo que Passalacqua no puede presentar su autonomía actual como si fuera ajeno a la historia de la Renovación. Ambos ocuparon lugares importantes dentro del mismo sistema. La diferencia es que hoy uno encarna la continuidad de esa conducción y el otro reivindica su autonomía respecto de ella. Esa circunstancia vuelve más interesante la disputa, porque obliga a buscar diferencias concretas entre proyectos que comparten buena parte de su origen. La discusión de 2027 necesitará algo más que una competencia por determinar quién conserva la representación más auténtica de una estructura que ya no funciona como antes.
Mientras los dirigentes acomodan sus posiciones, la economía provincial sigue presentando problemas que no esperan definiciones partidarias. La situación de la yerba mate ofrece uno de los ejemplos más claros. La desregulación del mercado alteró las condiciones de negociación y dejó a numerosos productores frente a dificultades para sostener su rentabilidad. Durante la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate, en Apóstoles, volvieron a escucharse reclamos que exceden la capacidad de respuesta de una sola administración provincial.
El Gobierno misionero habilitó mecanismos de descuento de cheques con un cupo de 9.000 millones de pesos y subsidios de tasas vinculados a precios de referencia. Para los productores tealeros también dispuso líneas de crédito destinadas a la compra de fertilizantes. Son instrumentos que pueden aliviar necesidades financieras inmediatas, pero no modifican por sí solos las relaciones comerciales de actividades que necesitan reglas estables y posibilidades reales de obtener rentabilidad.
La diferencia entre financiar una actividad y resolver sus problemas estructurales resulta importante. Un productor puede conseguir crédito para continuar trabajando y, sin embargo, encontrarse meses después con las mismas dificultades para vender su cosecha. El financiamiento permite ganar tiempo, pero no reemplaza una política productiva capaz de atender los desequilibrios de la cadena comercial. Misiones necesita discutir esa cuestión con mayor profundidad, porque detrás de cada establecimiento que reduce su actividad existen trabajadores, familias y economías locales que también sufren las consecuencias.
Algo semejante ocurre con la industria maderera. La Fiesta Nacional de la Madera, en San Vicente, reunió empresarios, emprendedores y representantes de un sector que enfrenta una demanda debilitada. Las rondas de negocios permiten generar contactos y explorar oportunidades, aunque difícilmente puedan compensar por sí solas la caída del consumo o las dificultades para acceder al crédito. La política provincial puede acompañar, facilitar herramientas y promover inversiones, pero la recuperación sostenida requiere condiciones económicas que exceden los límites de Misiones.
En ese contexto, la obra pública conserva una dimensión que suele perderse cuando se la presenta exclusivamente como un gasto. La reactivación de viviendas en ItaembéGuazú, con cientos de trabajadores involucrados, no solamente responde a necesidades habitacionales. También moviliza proveedores, transportistas, corralones y distintos oficios que dependen de la construcción. En lo que va del 2026, la Provincia entregó 431 viviendas y mantiene nuevos proyectos en ejecución. La cantidad de unidades importa, pero también importa la continuidad de una actividad que genera empleo en un momento de dificultades para el sector privado.
La contracara de esa política es la necesidad de administrar recursos limitados. Una provincia no puede financiar indefinidamente obras, sostener servicios, asistir a productores y compensar todas las consecuencias de las decisiones nacionales sin enfrentar restricciones. Por eso el ordenamiento de las cuentas resulta necesario, aunque convertirlo en un mérito suficiente sería tan equivocado como considerar que cualquier aumento del gasto representa automáticamente una mejora social. La administración pública debe explicar sus prioridades y demostrar qué consigue con el dinero disponible.
La semana también dejó situaciones que recordaron otra dimensión de las responsabilidades estatales. Los temporales que afectaron distintas localidades obligaron a movilizar equipos de seguridad, Defensa Civil, bomberos y cuadrillas eléctricas. En zonas rurales de El Soberbio, los daños sobre la red de distribución exigieron trabajos para recuperar servicios esenciales. Son circunstancias donde la presencia del Estado adquiere un significado muy concreto: una familia necesita recuperar la electricidad o reparar su vivienda, y la respuesta no puede quedar condicionada a una discusión sobre competencias administrativas.
La coordinación con los municipios resulta fundamental en esos casos. Los intendentes conocen de primera mano las necesidades de sus comunidades, pero también dependen de recursos y capacidades que no siempre están a su alcance. La articulación entre distintos niveles del Estado debería formar parte del funcionamiento habitual de la administración, sin necesidad de presentarse como un acontecimiento extraordinario cada vez que un funcionario provincial visita una localidad.
La recuperación de los vuelos diarios de Jetsmart entre Posadas y Buenos Aires, después de más de tres años de ausencia, agrega otra cuestión a la agenda económica. La conectividad aérea puede ampliar oportunidades comerciales, turísticas y familiares, aunque su continuidad dependerá de la demanda y de las decisiones empresariales. En una provincia que reclama mejores rutas y mayor integración regional, disponer de distintas alternativas de transporte constituye una necesidad que excede la satisfacción por el regreso de una compañía.
Esa misma preocupación explica la insistencia de Passalacqua con el segundo puente internacional entre Posadas y Encarnación. La relación con Paraguay forma parte de la vida cotidiana de miles de personas, y la infraestructura disponible condiciona tanto la circulación de familias como las posibilidades de intercambio económico. La cercanía geográfica, por sí sola, no garantiza una integración eficiente. También necesita decisiones políticas, inversiones y acuerdos capaces de superar los límites administrativos de cada país.
Todos estos acontecimientos forman parte de una semana intensa para el Gobierno provincial, pero no necesariamente deben interpretarse como piezas de una misma campaña de gestión. Una licitación, una línea de crédito, una vivienda entregada y la asistencia después de una tormenta responden a necesidades diferentes. La política puede encontrar una orientación común en esas decisiones, aunque su verdadero significado depende de los resultados y no de la cantidad de actividades que consiga reunir una agenda oficial.
Passalacqua enfrenta, además, una circunstancia que vuelve especialmente exigente esta etapa. Su mayor autonomía política coincide con una economía que ofrece poco margen para equivocaciones. La posibilidad de decidir sin las condicionantes de una conducción partidaria anterior puede facilitar cambios, pero también concentra sobre el gobernador la responsabilidad por los resultados. Cuando las decisiones son propias, los aciertos y los errores encuentran menos lugares donde distribuirse.
El reordenamiento del poder provincial seguirá ocupando espacio en la conversación política. Habrá nuevas alianzas, diferencias y dirigentes que buscarán posicionarse para las elecciones de 2027. Pero la sociedad no necesariamente observa esos movimientos con el mismo interés que sus protagonistas. Para una familia que necesita trabajo, un productor que intenta sostener su chacra o un comerciante que espera recuperar ventas, la cuestión principal continúa siendo qué decisiones pueden modificar sus condiciones de vida.
La reorganización del Gobierno también dejó una decisión que merece atención. Joaquín Montenegro fue desplazado de la Subsecretaría de Coordinación General de Gabinete después de dar positivo en un control de alcoholemia mientras conducía una camioneta oficial en Oberá. El Ejecutivo actuó con celeridad y, en menos de 24 horas, el funcionario quedó fuera de su cargo. Una respuesta que coincide con lo que cualquier ciudadano esperaría de sus autoridades: que quienes tienen responsabilidades públicas respondan por sus conductas y no encuentren en el cargo una protección especial. No debería tratarse de una decisión extraordinaria ni merecer grandes celebraciones, pero en una política acostumbrada a justificar demasiadas cosas, que una infracción tenga consecuencias inmediatas constituye una señal importante. El desafío, naturalmente, es que ese criterio se sostenga sin excepciones.
La Ruta 14 permite volver sobre el problema que atraviesa toda esta discusión. Misiones decidió avanzar con una obra que correspondía a la Nación porque la necesidad permanece, independientemente de quién tenga la obligación formal de resolverla. Esa iniciativa puede representar una respuesta importante para la zona Centro, pero también debería mantener abierta la discusión sobre las responsabilidades federales y el uso de los recursos provinciales.
El Gobierno nacional no deja de tener obligaciones porque una provincia encuentre la manera de cumplirlas. Y un gobernador no demuestra mayor autonomía solamente porque concentre las decisiones que antes tomaban otros dirigentes. La diferencia aparece cuando esa capacidad política permite establecer prioridades, fortalecer instituciones y resolver problemas sin convertir cada decisión en una demostración personal de autoridad.
En definitiva, hacerse cargo puede ser una virtud de gobierno. Lo que no debería convertirse en costumbre es que siempre termine pagando la cuenta quien no tenía la obligación original de hacerlo.
