El comisario mayor Maximiliano Carletti, responsable del sistema de emergencias 911 de Misiones, confirmó que la Municipalidad de Posadas fue la única que presentó un reclamo por la utilización de espacios públicos para instalar cámaras de seguridad. En diálogo con el periodista Jorge Kurrle, en Cadena de Noticias, por las plataformas de C6Digital, aseguró que el servicio no representa ningún costo para el municipio, defendió la legislación provincial que ampara el sistema y garantizó que las cámaras no serán retiradas. También reconoció una deuda municipal de 2.300 millones de pesos con la Policía.
La controversia entre la Municipalidad de Posadas y la Policía de Misiones por la utilización de espacios públicos para las cámaras de videovigilancia sumó nuevas precisiones a partir de las declaraciones del comisario mayor Maximiliano Carletti, quien expresó su sorpresa por el reclamo formulado desde la administración municipal.
Durante una entrevista con Jorge Kurrle, el funcionario policial confirmó que Posadas es el único municipio que realizó una presentación de estas características, en contraste con las demás localidades de la provincia, donde existe un trabajo articulado entre los gobiernos municipales, el Ministerio de Gobierno y la Jefatura de Policía.
“En particular ahora fue planteado por el municipio de Posadas. Con los demás municipios venimos trabajando de manera articulada, sin ningún tipo de problema”, sostuvo.

Más de 1.500 cámaras en Posadas y ningún costo para el municipio
Carletti explicó que actualmente existen más de 1.500 cámaras de seguridad dentro del municipio de Posadas y que el área metropolitana concentra cerca de 3.000 dispositivos. La provincia, por su parte, avanza hacia el objetivo de alcanzar las 5.000 cámaras distribuidas en distintos puntos del territorio.
Ante la consulta de Kurrle sobre quién financia la instalación, operación y mantenimiento del sistema, fue categórico.
“No hay costo para el municipio, todo el costo lo asume el Estado Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y la Jefatura de Policía”.
Detalló que la inversión incluye los equipos tecnológicos, personal especializado, técnicos, grúas, centros de monitoreo y efectivos policiales encargados de observar las imágenes durante las operaciones.
También aclaró que las cámaras utilizan infraestructura de las empresas prestatarias del servicio eléctrico mediante convenios establecidos con Energía de Misiones y distintas cooperativas del interior.
“Nos sorprendió”: el reclamo de Posadas en medio de una creciente demanda de seguridad
Uno de los puntos centrales de la entrevista surgió cuando Kurrle preguntó si la Municipalidad pretendía que la Policía retirara las cámaras o pagara por la utilización del espacio público.
Carletti señaló que, a su entender, el planteo municipal apunta al uso de esos espacios, aunque evitó atribuir una intención definitiva al Ejecutivo.
“Creo yo que ellos lo que reclaman es el uso del espacio municipal”, manifestó.
El comisario mayor destacó que el reclamo resulta particularmente llamativo porque la propia Municipalidad ha solicitado en distintas oportunidades imágenes captadas por el sistema para resolver situaciones específicas.

Al mismo tiempo, explicó que los vecinos y comerciantes de Posadas demandan constantemente la instalación de nuevos dispositivos de seguridad.
Incluso reveló que recientemente mantuvieron reuniones con vecinos del centro de la ciudad, a través del Foro de Seguridad de la Comisaría Primera, quienes solicitaron ampliar la cobertura.
“Todos nos piden más, no nos piden menos”, sintetizó.

La Policía confirmó una deuda municipal de $2.300 millones
Otro momento relevante de la entrevista se produjo cuando Kurrle mencionó una respuesta institucional del jefe de Policía en la que se señalaba una deuda de aproximadamente 2.300 millones de pesos de la Municipalidad de Posadas con la fuerza provincial.
Carletti confirmó la existencia de esa deuda y explicó que corresponde a recursos que el municipio debe transferir a la institución policial, vinculados con prestaciones y conceptos establecidos para el fondo de reequipamiento.
“Eso es una deuda que es real, lo que el jefe señala, y la Policía, pese a eso, sigue realizando la tarea que genera esa deuda”, afirmó.
El funcionario remarcó que, a pesar de esa situación, la fuerza provincial no interrumpió los servicios que presta al municipio ni condicionó su continuidad al cumplimiento de las obligaciones económicas.
La declaración introduce otro elemento en la controversia: mientras la administración municipal cuestiona la utilización de espacios públicos para las cámaras, la Policía sostiene que existen obligaciones financieras pendientes por parte del propio municipio.

Carletti garantizó que las cámaras no serán retiradas
Consultado sobre el respaldo legal del sistema de videovigilancia, el responsable del 911 explicó que existe una ley provincial que regula los dispositivos de captación de imágenes en espacios públicos, incluidos los drones.
Según su interpretación, la normativa protege la seguridad pública como un bien jurídico que debe ser considerado prioritario.
También confirmó que la Jefatura de Policía ya respondió formalmente al requerimiento municipal, exponiendo los fundamentos institucionales y legales que respaldan el funcionamiento del sistema.
Frente a la preocupación que pudiera generar la controversia, llevó tranquilidad a la población.
“Las cámaras van a seguir estando porque hay una cuestión jurídica que prima, como la seguridad, como bien general”, aseguró.

El reclamo por iluminación y mantenimiento de espacios públicos
Durante la conversación, Carletti también planteó que existen otras necesidades vinculadas con la prevención del delito que deberían recibir atención, particularmente la iluminación, limpieza y mantenimiento de plazas y espacios públicos.
Explicó que en numerosas reuniones con vecinos los reclamos están relacionados con lugares oscuros, falta de poda y sectores que necesitan intervenciones municipales.
Recordó su experiencia como jefe de comisaría y señaló que la recuperación de una plaza no depende exclusivamente del patrullaje policial, sino también de generar condiciones para que las familias vuelvan a utilizar esos espacios.
En ese sentido, consideró que sería más beneficioso orientar recursos hacia mejoras concretas en los barrios y sumar herramientas de prevención en lugar de generar controversias sobre los dispositivos existentes.
Por qué no es sencillo incorporar cámaras privadas al sistema policial
La entrevista también abordó la posibilidad de integrar cámaras particulares de vecinos o comerciantes a la red provincial.
Carletti explicó que el sistema del 911 funciona mediante conexiones de fibra óptica, cifrado de extremo a extremo y tecnología especializada, con protocolos de seguridad destinados a proteger la información y garantizar su utilización judicial.
Indicó que incorporar dispositivos privados de diferentes marcas y características presenta dificultades de compatibilidad, mantenimiento y ciberseguridad.
Además, detalló que los agentes encargados del monitoreo reciben capacitación especializada, están sujetos a responsabilidades administrativas y judiciales y firman compromisos de confidencialidad para evitar vulneraciones a la privacidad de los ciudadanos.
La intención es resolver el conflicto sin perjudicar a los vecinos
Hacia el cierre de la entrevista, Carletti aseguró que la Policía no pretende profundizar una disputa institucional con la Municipalidad de Posadas.
Por el contrario, explicó que fue designado por el jefe de Policía para coordinar las gestiones necesarias y buscar una solución.
“La intención es brindar un servicio de seguridad, estar a disposición de todos los ciudadanos”, expresó.
También advirtió que cualquier conflicto que afecte el funcionamiento del sistema terminaría perjudicando a los propios habitantes de Posadas y a quienes visitan la ciudad.
El funcionario reiteró su predisposición al diálogo y manifestó que espera que la situación pueda resolverse como un malentendido.
La controversia deja planteada una contradicción: mientras los municipios del interior gestionan la ampliación del sistema de videovigilancia y solicitan nuevas cámaras para fortalecer la prevención, Posadas aparece como el único municipio que formalizó un cuestionamiento por la utilización de los espacios públicos donde funciona parte de esa infraestructura.
En una ciudad que concentra más de 1.500 dispositivos y donde la seguridad figura entre las principales preocupaciones vecinales, el planteo municipal abre un interrogante sobre las prioridades de la administración local y la coordinación entre los distintos niveles del Estado.





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