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El conflicto en AFA persiste en Tribunales. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante citará a indagatoria a Claudio Chiqui Tapia y a su tesorero Pablo Toviggino. La decisión es por la causa por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones que fue denunciada por la ARCA.
Se indagará formalmente tanto a Tapia como a Toviggino, y así también al actual secretario general, Cristian Malaspina; al director general, Gustavo Roberto Lorenzo; y al ex secretario general Víctor Blanco. Asimismo, se pidió indagar formalmente a la propia AFA como persona jurídica. Todos deberán presentarse entre el 5 y el 9 de marzo.
La determinación se tomó este jueves al mediodía luego de que el ente pidiera la citación de las autoridades. ¿Qué es lo que figura dentro de la documentación?
Tapia y Toviggino en la reunión de Comité Ejecutivo de AFA.
La disposición de Amarante recalca «cítese a la Asociación del Fútbol Argentino y a Claudio Fabián Tapia a las audiencias que se fijan para el día 5 de marzo de 2026 a las 10:30 y 12:00 horas, respectivamente; a Pablo Ariel Toviggino y Gustavo Roberto Lorenzo, a las audiencias que se fijan para el día 6 de marzo de 2026 a las 10:30 y 12:00 horas, respectivamente; y a Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Ariel Malaspina, a las audiencias que se fijan para el día 9 de marzo de 2026 a las 10:30 y 12:00 horas, respectivamente (confr. artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación)».
El documento destaca también que «en atención a la gravedad de los hechos investigados, la severidad de la pena en expectativa vinculada tanto a la eventual calificación jurídica que a aquéllos pudiera corresponderle como a la aplicación de las reglas del artículo 55 del Código Penal, y en miras a garantizar la regular realización de los actos procesales que aquí se ordenan, corresponde decretar la prohibición de salida del país de los nombrados«.
La sede de la AFA.
La denuncia que se presentó a fines de 2025 señala la AFA habría retenido impuestos y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 que luego no fueron depositados dentro de los plazos legales. En total, se investigan 69 hechos independientes por un monto acumulado de $19.353.546.843,85.
Estos delitos encuadrarían en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario, que prevén penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no ingresen al fisco los montos retenidos, cuando superan los mínimos establecidos por ley.
