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Fuerte conflicto institucional en Puerto Esperanza: denuncian avance del Ejecutivo sobre el Concejo Deliberante
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⚖️ Conflicto en Puerto Esperanza El presidente del Concejo, Sergio Giménez, denunció al intendente Horacio Zarza por avanzar sobre la autonomía del Legislativo. Aseguran que un decreto impide al Concejo realizar compras sin autorización y que hay servicios cortados por falta de pago. 📌 Evalúan acciones judiciales. Más información en www.radioiguazu,com whatsapp 3757525155
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El presidente del Concejo Deliberante de Puerto Esperanza, Sergio Giménez, denunció una serie de medidas del intendente Horacio Zarza que, según afirmó, afectan la autonomía del cuerpo legislativo local y generan un conflicto institucional creciente.
Giménez sostuvo que desde el inicio de la gestión municipal hubo intentos de concentración de poder por parte del Ejecutivo. En ese sentido, recordó que en diciembre de 2023 se impulsó una ordenanza de emergencia administrativa, económica y financiera que buscaba otorgar amplias facultades al intendente sobre contratos, personal y recursos, iniciativa que finalmente no fue aprobada.
Según el titular del Concejo, la situación se agravó en los años siguientes. Denunció el despido de personal del Concejo —medida que calificó como improcedente— y la deslegitimación de las firmas de autoridades legislativas para la realización de compras, limitando el funcionamiento del organismo.
El conflicto escaló en 2026, cuando, de acuerdo a Giménez, el Ejecutivo emitió un decreto que prohíbe al Concejo realizar adquisiciones sin autorización del intendente. “Se trata de un atropello a la división de poderes”, afirmó, al tiempo que remarcó que el cuerpo legislativo cuenta con un presupuesto propio equivalente al 4,5% del total municipal.
El edil también advirtió sobre dificultades operativas actuales, señalando que el Concejo enfrenta cortes en servicios básicos debido a la falta de pago a proveedores, lo que impacta en el normal desarrollo de sus actividades.
Finalmente, Giménez anticipó que evalúan avanzar por la vía judicial para garantizar el funcionamiento institucional y sostuvo que la situación podría sentar un precedente negativo para el futuro político de la localidad.
