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Robos, daños, amenazas, tenencia de estupefacientes constituyen el abanico de delitos que forman parte de los prontuarios de algunos de los detenidos por los violentos incidentes en el Congreso. Durante los disturbios que provocaron lesiones a nueve uniformados, fueron arrestados 20 sospechosos.
Uno de los imputados más comprometidos fue identificado por fuentes judiciales como Lucas Emanuel Suárez, de 33 años. Fue apresado minutos después de las 20.30 en Perú al 600. Hasta allí lo siguieron los efectivos de las fuerzas federales de seguridad después que quedó grabado por las cámaras de los equipos móviles de los canales de televisión cuando arrojaba piedras.
En el momento de ser apresado llevaba una gorra gris oscura, una campera con capucha negra y blanca y una camiseta del seleccionado argentino de fútbol. Se trata de la misma ropa con la que fue grabado por cámaras de los canales de televisión que realizaban la cobertura informativa de los episodios de violencia, cerca de la Plaza de Mayo.
Suárez, quedó imputado de su presunta responsabilidad en el delito de atentado y resistencia a la autoridad que, según el inciso 4 del artículo 238 del Código Penal se castiga con una pena de seis meses a dos años de prisión.
Fuentes judiciales indicaron que Suárez estuvo detenido en abril de 2021 por presunta falsificación de documentos públicos y enfrentó un proceso que se instruyó en el juzgado federal N° 5. Dos años antes había sido detenido por tenencia de estupefacientes, aunque el proceso no avanzó porque se determinó que la droga era para consumo personal. En agosto de 2021 fue apresado por la misma conducta y poco después enfrentó una nueva causa penal pero, esta vez por amenazas.
Otro de los sospechosos apresados por su presunta participación en los incidentes habría sido identificado por fuentes judiciales como, Braian Maldonado, de 29 años. Se trata del imputado con mayor cantidad de procesos penales en su contra. No tiene domicilio fijo y fue detenido en el cruce de Avenida de Mayo y 9 de Julio, acusado de atentado y resistencia a la autoridad, el mismo delito que le imputaron a Suárez.
Con la detención de anteanoche, Maldonado sumó el décimo proceso penal en su contra en los últimos nueve años. En octubre de 2023 fue acusado de robarle a un transeúnte en el Microcentro; en septiembre de 2023, fue imputado de hurto, en las adyacencias de la Plaza de Mayo.
En abril de este año había sido condenado a una pena de ejecución condicional por un Tribunal Oral porteño que unificó varias de las causas. Esta nueva detención, con la condena vigente, impediría que le concedan la excarcelación, especialmente si se tiene en cuenta que en noviembre de 2023 ya había enfrentado un juicio que terminó con una probation debido a que los delitos por los que fue acusados no eran graves.
Al revisar los antecedentes del imputado Maldonado quedó expuesta la existencia de la puerta giratoria por cantidad de oportunidades en las que fue detenido y, que derivaron en las mismas libertades con que fue beneficiado.
Mientras que otro de los sospechosos apresados habría sido identificado por fuentes judiciales como, Jorge David Navarro, de 42 años. Se trató uno de los tres detenidos durante los incidentes que tiene domicilio en el conurbano, en la zona de Rafael Castillo. De acuerdo con lo indicado por fuentes del Ministerio Público, se inició un proceso penal en su contra el 2 de septiembre de 2017, por su presunta responsabilidad en el delito de atentado y resistencia a la autoridad en la zona de Liniers.
Al menos ocho de los veinte detenidos quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Carlos Caputto, de Ministerio Público de la Ciudad.
En tanto, integrantes de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, entrevistó a todos los detenidos. Según el organismo, hubo 28 detenidos y no veinte como informó el Gobierno.
“Respecto de las 28 personas que fueron detenidas, hasta el momento la fiscalía actuante ha dispuesto la libertad de 15 de ellas. La Comisión Nacional de Prevención de la Tortura realizará el seguimiento de las actuaciones judiciales derivadas de estos hechos. Asimismo, expresa su preocupación ante la denuncia judicial presentada por autoridades nacionales contra los manifestantes por los delitos de atentado al orden constitucional y democrático y el encuadre de la denuncia en los tipos penales agravados por la denominada Ley Antiterrorista”, se indicó en un comunicado.
Hoy se conoció la presentación ante la Justicia Federal realizada por Germán Pugnaloni, director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional y Lisandro Franco, director de Normativa y Legislación del mencionado organismo.
Ambos funcionarios indicaron que “los disturbios se replicaron en distintos mientras el Senado de la Nación intentaba continuar con la sesión en el recinto, podrían haber tenido por fin establecer un escenario de estrépito en la comunidad, con el posible objetivo de inhibir u obturar, en forma parcial o plena, la actividad legislativa que se estaba llevando a cabo”.
Al describir los hechos y las conductas endilgadas a los autores de los ataques, los funcionarios indicaron que “estos comportamientos antidemocráticos que colisionan contra la República podrían configurar la comisión de los delitos de daño agravado, atentado al orden constitucional y a la vida democrática, atentado a la autoridad agravada y resistencia a la autoridad”.
Según consignaron en la presentación, los funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional solicitaron que se inicie la investigación de los hechos denunciados; se disponga la producción de pruebas para individualizar a los responsables y a las eventuales organizaciones que pudieran encontrarse detrás de los hechos denunciados, se ordene su detención y se aplique la pena correspondiente.
