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Buscando actualizar una de las normativas de gestión más importantes que tienen los municipios, en Ituzaingó lanzaron una propuesta que apunta a ser fuente de consulta y asesoramiento, y a analizar los proyectos vinculados al crecimiento de la ciudad y a las nuevas demandas sociales del distrito, especialmente enfocado en la promoción del desarrollo sustentable y participativo.
Se trata de la Comisión de Evaluación Urbanística, iniciativa sancionada por decreto hace unos pocos días en el Concejo Deliberante local; recinto en el que funcionará como un órgano técnico-consultivo para emitir dictámenes acerca de aquellas solicitudes que no se encuentren contempladas en el vigente Código de Planeamiento Urbano; evaluando así los eventuales impactos en el ordenamiento territorial, la infraestructura, el ambiente y el interés público.
«La idea es que la sociedad conozca los proyectos que vota el Concejo Deliberante y que también puedan omitir una opinión sobre ellos. Tenemos que mostrarle a la sociedad por qué es necesario que la ciudad se siga desarrollando y por qué tiene que haber proyectos, que son los que generan posibilidades de trabajo para nuestros vecinos; porque por ordenanza, todos los empleos que las nuevas empresas generan en Ituzaingó deben tener un 80% de vecinos nuestros», explicó Juan Manuel Álvarez Luna, el presidente del legislativo local y principal impulsor de la Comisión.
Y luego, en diálogo con Primer Plano, se explayó: «Los nuevos proyectos también generan tasas de Seguridad e Higiene. Es recaudación, y es lo que el Municipio no tiene. Cuando baja el consumo, la gente elige comer antes que pagar la tasa municipal. Por eso tenemos que ir generando formas de recaudar, y esta es una. Cuando hay un emprendimiento nuevo, hay más tasas. La idea de esta Comisión es que empecemos a debatir con la sociedad los proyectos que vienen al Concejo».
El presidente del Concejo Deliberante, Juan Manuel Álvarez Luna, es uno de los principales impulsores de la nueva normativa.
En ese contexto, la participación ciudadana asoma como uno de los pilares para garantizar la transparencia y el acceso a la información. Y por ello, se conformó -bajo la órbita de la secretaría del Concejo- el denominado ‘Registro de Participación de Evaluación Urbanísticas’, instrumento que permitirá que las ONG con legitimación territorial participen activamente en las consultas sobre proyectos urbanísticos que impacten en su entorno directo.
Asimismo, la flamante Comisión de Evalución Urbanística evaluará la conveniencia y el beneficio público de los emprendimientos analizando sus consecuencias en los planos social, laboral, económico y fiscal. Así, las autoridades buscan evitar la discrecionalidad y fortalecer la seguridad jurídica tanto para los vecinos como para los actores del eventual desarrollo urbano.
Mérit Parque Leloir Hotel en Ituzaingó, uno de los emprendimientos ya terminados.
El cuerpo se destaca por su variada conformación, que incluye a concejales de la Comisión de Obras y Servicios Públicos y representantes de las minorías parlamentarias como miembros permanentes; y a integrantes de la Unión Comercial Industrial y Afines de Ituzaingó, a las universidades de Morón, La Matanza y del Oeste, y a los colegios de Arquitectos, Agrimensores, Ingenieros, Martilleros y Técnicos como miembros invitados.
La creación de la Comisión se materializó luego de que la Provincia de Buenos Aires convalidara el Código de Ordenamiento Urbano de Ituzaingó, votado y aprobado por el Concejo hace una década. En ese orden, Álvarez Luna ejemplificó cómo intervendría y actuaría el novedoso órgano ante una situación puntual.
«Esa convalidación tarda años y pasaron varios gobiernos, pero salió y eso da garantías de que queremos tener un Código transparente que le muestre a la sociedad el crecimiento del distrito. Nosotros tenemos una zona industrial que es muy chica, y han quedado industrias de muchos años en alguna zona residencial mixta. Hay una fábrica que tiene posibilidades de exportar y necesita hacer una ampliación, pero la zona en la que está no se lo permite y no puede pasar por el Código de Ordenamiento Urbano. Entonces, ahí hay que hacer un tratado en el Concejo Deliberante. Hay un crecimiento necesario en la comunidad, y eso genera trabajo e ingresos», aseveró.