Implementación del Régimen Penal Juvenil: el Poder Judicial de Misiones avanza en la articulación interinstitucional
En el marco de la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley N.º 27.801, el Poder Judicial de Misiones continúa desarrollando mesas de trabajo interinstitucionales destinadas a elaborar protocolos de actuación y acuerdos operativos que permitan una adecuada puesta en marcha del sistema, prevista para septiembre de este año.
En esta oportunidad, se reunieron las mesas de Reintegración Social, Salud Integral y Educación, ámbitos de trabajo que nuclean a organismos públicos, instituciones y equipos técnicos vinculados con cada una de estas áreas estratégicas. El objetivo es construir, de manera articulada, circuitos de actuación, responsabilidades y mecanismos de coordinación que garanticen una implementación eficaz del nuevo régimen.

Los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Juan Manuel Díaz y Valeria Fiore Cáceres encabezaron la jornada y recibieron a la presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López, quien participó activamente de la Mesa de Educación junto a los demás referentes y especialistas convocados.
Al dar inicio al encuentro, el ministro Díaz destacó la importancia del trabajo conjunto entre las distintas instituciones involucradas y remarcó que la implementación de la nueva normativa debe estar guiada por los principios que la inspiran.

«Esta ley tiene un marco normativo que constituye el norte de toda su regulación: los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, especialmente, los que emanan de la Convención sobre los Derechos del Niño. Son esos principios los que orientan y dan sentido a toda nuestra intervención», expresó.

Las mesas interinstitucionales forman parte de la estrategia diseñada por el Poder Judicial de Misiones para arribar a la entrada en vigencia de la Ley N.º 27.801 con protocolos consensuados, responsabilidades claramente definidas y una red de articulación institucional que permita brindar una respuesta especializada e integral a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.

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